Informalidad agobiante

Existen numerosos estudios realizados por instituciones internacionales y organizaciones nacionales privadas y públicas que versan sobre las causas de la informalidad y las propuestas para revertirla.

Todo está escrito, pero todo sigue igual.

El resultado de esta indiferencia es que seguimos teniendo un 70% de informalidad laboral, dentro de la Alianza del Pacífico ocupamos el primer lugar, y en el ámbito sudamericano estamos en segundo lugar junto Paraguay y Ecuador; con Bolivia en primer lugar.*

¿Por qué no logramos reducir los índices de informalidad?

Por tres motivos que se encuentran íntimamente entrelazados.

El tema se ha ideologizado

Para unos las causas de la informalidad se encuentran en la incapacidad del sector formal para generar suficientes empleos; para otros, tiene que ver con los costos que demanda la legalidad, además de una tramitología excesiva.

Este enfoque diferenciado termina por bloquear cualquier propuesta para disminuir la informalidad.

La falta voluntad política

Al no ponerse de acuerdo los políticos se retrasan o postergan medidas que ayudarían a bajar la informalidad, por ejemplo, el tema de la vacaciones laborales. Somos junto con Brasil, los únicos países en la región con los beneficios vacacionales más altos: 30 días de descanso remunerado tras un año de servicio. En los otros países, el promedio es de 15 días y son países con menor informalidad.

El alto costo político

En un país con un altísimo porcentaje de informalidad, enfrentarla tiene un costo elevado.

Desde que volvimos a elegir autoridades locales, en los años 80, Alberto Andrade fue el primer alcalde que priorizó el orden antes que el cemento. Su legado fue recuperar el centro histórico de la capital que por más de un década estuvo en manos de los ambulantes.

Cuando Andrade se presentó para la reelección propuso formalizar el transporte urbano y perdió. Desde ese momento, su sucesor Luis Castañeda y los que siguieron aprendieron la lección: priorizar el cemento antes que el orden.

El orden es sinónimo de formalidad mientras el desorden alienta la informalidad. Y en un país con un alto porcentajes de informalidad representan un importante números de votos que se dejan sentir en la elecciones.

Mientras no se resuelvan las causas políticas que subyacen detrás de la informalidad no habrá posibilidad de implementar con eficacia las normas técnicas que permitan reducirla como, por ejemplo, simplificar las leyes laborales, rebajar el tiempo de las vacaciones o flexibilizar los servicios de salud (SIS y EsSalud) para que el trabajador no pierda su seguro.

Según el Ministerio de Trabajo son 12 millones 387 mil 570 trabajadores que laboran fuera de la formalidad, de los cuales el 35,5% se concentran en Lima. Son trabajadores que no tienen derecho a vacaciones pagadas, ni CTS, ni seguro de salud o aportar a una pensión.

En 2016, Ceplan** presentó un estudio denominado “Economía informal en Perú: situación actual y perspectivas”, donde se indicaba que los avances macroeconómicos no habían impedido el crecimiento de la informalidad, la cual había adoptado nuevas formas y seguía afectando a los grupos vulnerables.

“Si bien en los últimos diez años el empleo informal no agrícola de Perú se ha reducido, ha sido insuficiente para salir del grupo de los cinco países más informales de la región”.

Han pasado diez años y todo sigue igual.

*https://www.ilo.org/sites/default/files/2025-12/OIT-Informe-PANORAMA-LABORAL-2025.pdf (pag. 36).

**https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/economia-informal-en-peru/